economia
REGALÍAS
Cristina necesita más dinero y apunta a las mineras
La versión: "La posibilidad de que el Gobierno finalmente eleve las regalías mineras que reciben las provincias, que es el 3% de lo extraído en el punto más bajo de la cadena de valor de los metales, mantiene alterado el ánimo de las grandes empresas mineras."
Explotación minera en Bajo la Alumbrera, Catamarca.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Claudio Chiaruttini había anticipado que "el Ejecutivo tiene un nuevo aliado, las empresas mineras, porque cree que puede aumentarles las retenciones".
Hoy lunes 23/01, en el diario oficialista BAE, Nicolás Fiorentino y Pablo Waisberg, avanzan con el rumor aunque le ofrecen otro enfoque, menos amigable a la relación entre Cristina Fernández y las mineras (cuando se sabe que la Presidente vetó la Ley de Glaciares, y al texto siguiente que negociaron Miguel Bonasso y Daniel Filmus, nunca lo reglamentó).
De todos modos es importante conocer lo que se dice en el Frente para la Victoria sobre el tema, vía el diario del Grupo Olmos:
"(...) en medio del debate alentado por al conflicto en Famatina, el Ejecutivo podría avanzar en modificar una de las políticas oficiales que más tensiones genera aún dentro del kirchnerismo y sintetizar la casi docena de proyectos legislativos que proponen elevar las regalías hasta el 12%.
En la Gobernación de Catamarca, donde avanzaron en la idea del Ejecutivo de crear una minera provincial, no descartaron la posibilidad de que se eleven las regalías. "Son una parte importante del presupuesto provincial, pero son monedas en comparación con lo que se llevan las mineras. Queremos agrandar nuestra participación en el reparto de la torta", definió ante BAE una fuente cercana a la gobernadora Lucía Corpacci.
Desde hace varios meses, el Ejecutivo analiza la posibilidad de modificar la legislación minera, que se conformó durante los ’90 y logró atraer inversiones de la mano de una normativa favorable al sector. Pero cualquier mención sobre cambios en el entramado legal genera una reacción inmediata del sector sobre la falta de garantías legales y la retracción de inversiones, todas de ellas millonarias y con impacto directo en las provincias.
En septiembre pasado, las mineras comenzaron a olfatear posibles cambios: crear empresas provinciales para asociarse con las privadas para poder controlar las declaraciones juradas hechas en laboratorios extranjeros, que son la base de su tributación, o elevar la carga impositiva, que tiene una estabilidad que dura tres décadas. En aquel momento, las empresas mineras reconocieron que –aunque la ley las protegía– estaban dispuestas a ceder algunos puntos de su ganancia para ganar tranquilidad en la continuidad del negocio. Desde ese momento, la posición no se modificó ni un milímetro.